La resolución recuerda que en diciembre de 2020, apenas asumió Alberto Fernández, el Gobierno “determinó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica”. Y es que durante la presidencia de Mauricio Macri el costo para los usuarios de los servicios públicos se multiplicó varias veces.

En la resolución también se establece que el ENRE “facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información”.

Tal como publicó esta semana Ámbito, el Gobierno tiene un plan concreto frente al problema de la actualización de las tarifas de los servicios públicos. La intención oficial es autorizar subas eventuales distribuidas durante este año, pero atadas a la evolución de los costos de las prestadoras de los servicios de energía, gas y agua.